La Agencia desarrolla un conjunto de operaciones de inversión en el marco del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027 dentro de las prioridades 2 y 4 de ese Programa que tienen los siguientes objetivos específicos:
- Prioridad 2. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como potenciar las energías renovables.
- Prioridad 4. Favorecer un acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la educación, la formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de infraestructuras para ello.
En concreto, las acciones que se están desarrollando pueden agruparse en varios ámbitos:
- Inversiones en centros escolares de toda la Comunidad Autónoma destinadas a la implantación de sistemas de energía renovables para la producción de energía.
Con estas inversiones se pretende aprovechar el gran potencial de Andalucía en el aprovechamiento de recursos renovables, constituyéndose así el sector púbico en un motor relevante para la transformación del mercado hacia productos, servicios e infraestructuras más eficientes y sostenibles, propiciando la superación de barreras al desarrollo de las energías renovables.
- Obras de creación, ampliación, reforma, mejora o modernización en centros educativos de infantil y primaria, institutos de enseñanza secundaria, bachillerato y centros de educación especial, incluyendo las de adaptación de espacios a alumnado con necesidades educativas especiales.
Con esta línea de inversiones se pretende reducir el abandono escolar promoviendo la permanencia en el sistema educativo facilitando el proceso de aprendizaje, mediante la dotación de las instalaciones y equipos necesarios, así como fomentar la equidad en el acceso a la educación y la calidad de la educación al extender y mejorar la red de centros educativos públicos.
- Específicamente en el ámbito de la formación profesional, enseñanzas de régimen especial y educación permanente, la realización de inversiones en infraestructuras educativas mediante la construcción y dotación de equipamiento de nuevos centros y enseñanzas afrontando las nuevas necesidades derivadas de los requisitos normativos que regulan las enseñanzas de formación profesional, así como equipamiento educativo y digital y ampliaciones y mejoras en centros ya existentes.
Con esta línea se pretende dar respuesta a las necesidades de infraestructuras y equipamiento de los centros de estos niveles educativos para garantizar una formación de calidad, sostenible, inclusiva y actualizada al mercado productivo y laboral.
Porcentaje de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 85%
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU (NGEU), un instrumento de estímulo económico en respuesta a la crisis generada por el coronavirus. El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (en adelante MRR), establecido a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación.
El MRR tiene cuatro objetivos principales:
- Promover la cohesión económica, social y territorial de la UE.
- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros
- Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19
- Apoyar las transiciones ecológica y digital.
Para alcanzar esos objetivos, cada Estado miembro ha diseñado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluye las reformas y los proyectos de inversión necesarios. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR) tiene cuatro ejes transversales que se vertebran en diez políticas palanca, dentro de las cuales se recogen treinta Componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. Estos cuatro ejes son:
- La transición ecológica.
- La transformación digital.
- La cohesión social y territorial.
- La igualdad de género.
PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones Públicas deben adaptar los protocolos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas de agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.
El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establece que al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, en su condición de persona beneficiaria o prestatarios de fondos en el Marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar porque la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal efecto los Estados miembros, establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto.
Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR, español deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación.
ACCESO A CANALES DE DENUNCIA
Canal específico de la Junta de Andalucía.
Cualquier persona puede interponer una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflictos de intereses. El inicio del procedimiento de investigación e inspección a través de denuncia se recoge en el artículo 20 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.
De acuerdo con el artículo 13.1 de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, todas las entidades que integran el sector público están obligadas a disponer de un Sistema interno de información en los términos previstos en esa ley en el que las personas empleadas públicas y cualquier otra persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores puedan comunicar infracciones de forma segura y confidencial.
Como consecuencia de lo anterior, el 16 de junio de 2023 se publicó en BOJA la Instrucción 1/2023, de 12 de junio de 2023, de la Secretaría General para la Administración Pública, mediante la que se establece el sistema interno de información de la Administración de la Junta de Andalucía en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En dicha instrucción se establece que el acceso a este sistema interno de información se llevará a cabo a través del enlace https://canaldedenuncias.junta-andalucia.es/
Este sistema interno de información es único para toda la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, siendo responsable de su implantación la Secretaría General para la Administración Pública.
https://canaldedenuncias.junta-andalucia.es/
Canal de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).
Se puede acceder a través de los siguientes enlaces:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx
Buzón antifraude - Canal de denuncias del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia:
Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/CA-UACI/SNCA/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF).
Cualquier persona puede informar a esta oficina de sospechas de fraude o corrupción que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es posible dirigirse a la OLAF por medio de los siguientes canales:
- Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones B-1049 Bruselas, Bélgica.
- Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
- Por medio de las líneas de teléfono gratuito:+32-2-298.65.38
El objeto de este fondo europeo estructural nuevo para el período de programación 2021-2027 es el de prestar apoyo a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición de energía y clima.
Fundamentalmente este Fondo aporta financiación a los estados miembros y regiones de la Unión Europea que, como consecuencia de esos procesos de transición hacia una economía más verde y sostenible, han tenido que afrontar procesos de reconversión o cierre de instalaciones industriales con alto impacto económico, social y medioambiental en zonas muy concretas del territorio.
Específicamente, el Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027 contempla actuaciones que van a ser desarrolladas por la Agencia, conjuntamente con las de otros órganos de la Junta de Andalucía, en tres provincias de nuestra comunidad autónoma: Cádiz, Córdoba y Almería.
Se contempla en estas tres provincias la realización de obras y adquisición de equipamiento en centros educativos de formación profesional relacionados con ciclos que permitan una reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible.
Porcentaje de cofinanciación del Fondo de Transición Justa (FTJ): 85%
El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
La gran dispersión de la población en la comunidad autónoma de Andalucía supone que un número significativo de alumnos y alumnas que terminan de cursar la enseñanza secundaria obligatoria tengan -para poder continuar sus estudios de bachillerato o ciclos de formación profesional- que desplazarse desde zonas rurales, núcleos dispersos de población o áreas aisladas a un centro que no se encuentra en su localidad.
La Agencia Pública Andaluza de Educación desarrolla un conjunto de operaciones bajo el Objetivo Político 4 del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con el objetivo específico de promover la igualdad de acceso a una educación y una formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los colectivos desfavorecidos, desde la educación infantil, pasando por la educación y la formación generales y profesionales, hasta la educación superior, así como la educación y el aprendizaje de los adultos; asimismo, facilitar la movilidad educativa y la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En concreto, la Agencia Pública Andaluza de Educación, a través del FSE+, desarrolla actuaciones vinculadas al transporte escolar en dos ámbitos diferentes:
- Transporte escolar gratuito destinado a alumnado de enseñanzas postobligatorias con domicilios en zonas calificadas como DEGURBA 3 que son transportados desde las paradas autorizadas a los centros escolares en que se encuentran escolarizados.
- Transporte escolar gratuito destinado a alumnado con necesidades educativas especiales que son transportados desde las paradas autorizadas a los centros escolares ordinarios en que se encuentran escolarizados.
Porcentaje de cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+): 85%